7 de julio de 2014

La teoría del Derecho Penal del Enemigo. El Estado de Derecho ante el terrorismo y el crimen organizado.

El terrorismo y el Crimen Organizado son, sin duda, las manifestaciones delictivas más graves que se conocen. Si cualquier delito es una injusticia para la víctima que lo sufre, las actividades que caracterizan a estos, si cabe, lo son aún más. A ello hay que añadir que, salvo alguna excepción, estas actividades se realizan por grupos de personas organizados y concertados para lograr sus objetivos, lo que aumenta su peligrosidad.
Ante la gravedad de estos delitos la sociedad debe de protegerse, por lo que el Estado de Derecho adopta medidas excepcionales, a la altura de las conductas que pretende prevenir y reprimir. Estas medidas son el núcleo del Derecho Penal del Enemigo.
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El Derecho Penal convencional o tradicional está sujeto a unas restricciones muy fuertes para garantizar los derechos fundamentales como la presunción de inocencia y principios básicos del Derecho.
El delito tiene un camino, una vida, llamado por los juristas ‘iter criminis’: el delito se piensa, se prepara y se ejecuta. Estas limitaciones del Derecho Penal vienen a resumirse en que no se puede castigar a nadie por un delito que piensa hacer,  que planea o que incluso hace actos preparatorios, la punibilidad llega cuando se ejecuta el delito y se consigue el resultado deseado, en cuyo caso se consuma o cuando no se llega al objetivo, de forma atenuada al ser en tentativa.
La solución a este hándicap del Derecho Penal tradicional y por ende del Estado de Derecho se encuentra en el Derecho Penal del Enemigo, una rama del Derecho que atiende las especialidades criminológicas señaladas al principio. De forma que a través de este instrumento, en casos excepcionales, se puede intervenir antes de que se lleve a cabo la ejecución del delito, suprimiendo esa atadura que policías, fiscales y jueces tienen para intervenir. De forma que es posible procesar y condenar a un terrorista que aun no ha realizado ningún atentado ni nada para prepararlo simplemente por pertenecer a una organización que se dedique a ello, es el delito de pertenencia a organización terrorista.
La propia Constitución Española de 1978 admite esta modalidad del Derecho Penal cuando en su artículo 55.2 limita los derechos fundamentales a miembros de este tipo de organizaciones, lo que ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal  Constitucional como una habilitación al legislador para regular estos casos excepcionales, si bien a través de Ley Orgánica.

El Derecho Penal del Enemigo se recoge en el Código Penal, aunque ha sido objeto de numerosas modificaciones, la última en 2010, hasta llegar a un marco adecuado para combatir contra estas amenazas que recaen sobre nuestra sociedad.